Este pronunciamiento está disponible en inglés aquí.
PRONUNCIAMIENTO
Frente a las noticias sobre la salida de personas migrantes en una caravana del éxodo centroamericano, las organizaciones abajo firmantes de la región, hacemos un llamado a los gobiernos de El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y México para garantizar que su respuesta a esta población sea con estricto respeto a los derechos humanos y garantice la posibilidad de solicitar la condición de refugiado para las personas que huyen de la violencia y persecución en sus países de origen, o por las condiciones derivadas del impacto ambiental y social ocasionado por los huracanes en Centroamérica.
La situación de precariedad económica extrema que enfrenta gran parte de la población en Centroamérica, se amplió y profundizó considerablemente en el último año por la crisis económica que ha resultado de la pandemia de COVID-19, aunado a la devastación causada por los huracanes Eta y Iota. Además, la población de los países centroamericanos se ve amenazada por un clima de violencia generalizada y la creciente represión estatal. Lo anterior se suma a retos importantes en materia de violencia sexual y de género, abuso y discriminación contra comunidades indígenas, prevención del delito e impartición de justicia, debido a su debilidad institucional y problemas de corrupción. Todo esto genera que las personas que salen de Centroamérica tengan necesidades de protección internacional que los gobiernos de la región tienen la obligación de atender con base en su legislación interna y el derecho internacional.
A partir del inicio del Programa “Quédate en México” en enero de 2019, seguido por el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos en junio de 2019, y los Acuerdos de Cooperación para el Asilo de EstadosUnidos con Honduras, El Salvador y Guatemala, nuestras organizaciones han observado con mucha preocupación una serie de políticas y acciones de los gobiernos de la región, que ponen en riesgo la seguridad, el bienestar y la vida de la población migrante, al tiempo que limitan la posibilidad de buscar protección internacional.
Recibimos con preocupación los anuncios hechos hasta el momento por los gobiernos tanto de manera individual (México, Guatemala y Estados Unidos), como conjunta (comunicado 11 de enero y 13 de enero), sobre la respuesta que darán a las caravanas o éxodos centroamericanos. Si bien en todos sus comunicados reconocen la necesidad de dar una respuesta apegada a derechos humanos, las acciones específicas y el mensaje que envían es de contención, disuasión y criminalización. Nos preocupa que los gobiernos basen la respuesta que darán a esta caravana en las estrategias que han seguido en el último año, cuando estas acciones han sido señaladas con preocupación por organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En particular nos preocupa que no se tomen acciones específicas para evitar la no devolución (non-refoulement) ni para atender necesidades humanitarias con un enfoque diferenciado que tome en cuenta el género, edad y condiciones de viaje.
Reiteramos nuestra preocupación sobre el papel de las fuerzas armadas, incluyendo la Guardia Nacional mexicana, en la detención de personas migrantes. Lo anterior en virtud de que son cuerpos militares y no cuentan con capacitación en atención a poblaciones vulnerables. Destacamos que la primera recomendación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México emitió a la GuardiaNacional fue por su actuar en respuesta a la caravana de migrantes de enero de 2020. En esa ocasión, laCNDH señaló que el Instituto Nacional de Migración (INM) violó los derechos de las víctimas al permitir que la Guardia Nacional revisara el estatus migratorio de personas migrantes y las detuviera. Asimismo, consideró que la Guardia Nacional había usado arbitraria y desproporcionadamente la fuerza contra personas migrantes, y que ambas autoridades omitieron salvaguardar los derechos de las y los niños que viajaban en la caravana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también señaló “episodios preocupantes de uso de la fuerza por la Guardia Nacional” en su respuesta a la caravana. Asimismo, los gobiernos guatemalteco y hondureño han hecho uso de distintas corporaciones policiacas y militares para la disuasión y contención de los flujos migratorios, en acciones que han carecido de protocolos para identificar necesidades de protección y de un enfoque diferenciado por género, edad o condición de viaje.
Nos preocupan las medidas de “estado de prevención” emitidas por el gobierno de Guatemala para los departamentos de lzabal, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, El Progreso, Petén y Santa Rosa; así como que los gobiernos de Guatemala y Honduras condicionen la salida de menores de edad a ir acompañados de ambos padres y las medidas de “toque de queda” anunciadas por el gobierno de Honduras, que se han usado para impedir a las personas abandonar su país, derecho codificado en el Art. 13 de la Declaración Universal deDerechos Humanos.
Ante las últimas caravanas del éxodo centroamericano, a finales del 2020, vimos con alarma que, en vez de implementar medidas sanitarias para garantizar el derecho a solicitar la condición de refugiado en México, el INM en México emitió un comunicado alertando sobre la posibilidad de “penas de 5 a 10 años de prisión a quien ponga en peligro de contagio de salud al otro.” Estas medidas van en contra de las consideraciones jurídicas emitidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en marzo de 2020 sobre el acceso al territorio para las personas en necesidad de protección internacional en el contexto de la respuesta frente al COVID-19. Estos lineamientos reconocen que los Estados pueden implementar medidas como exámenes médicos previos al ingreso y/o cuarentenas, pero enfatizan que “tales medidas no pueden resultar en la negación de una oportunidad efectiva de solicitar asilo o dar lugar a la devolución.”
Aunque el destino principal de muchas personas migrantes sigue siendo Estados Unidos, ya que cuentan con redes de apoyo en ese país y es en donde sienten que su vida e integridad están seguras, es importante resaltar que de manera creciente México se ha convertido en un país de destino. Al tomar la importante decisión de no cerrar sus fronteras a personas solicitantes de protección durante la pandemia, México recibió 41,329 solicitudes en 2020, mientras que más de 100,000 personas solicitaron la condición de refugiado en México en los dos años anteriores. Aunque el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se ha comprometido a restaurar el derecho a acceder al asilo en la frontera con México y recibir 125,000 personas refugiadas este año fiscal, este compromiso no exime a México de la obligación de ofrecer asilo alas personas que lo soliciten en el país. Para hacerlo, es necesario que el gobierno mexicano fortalezca la capacidad de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y construya políticas para la integración de personas refugiadas en el país.
Reconocemos la importancia de tener un gobierno entrante en Estados Unidos que ha mostrado un fuerte compromiso con las personas migrantes y solicitantes de asilo, lo que representa una oportunidad para los gobiernos de México y Centroamérica para generar políticas y gestión migratoria que respeten y promuevan los derechos humanos de la población en movilidad. Estaremos incidiendo frente al gobierno de Biden para que cumpla con su palabra. Un nuevo gobierno estadounidense es una oportunidad para trabajar con el gobierno mexicano en el desarrollo de un plan de cooperación con Centroamérica para atender las causas de la migración en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, además de aumentar la cooperación regional frente a personas en necesidad de protección, y en el desmantelamiento de programas ilegales e inhumanos como Quédate en México, los Acuerdos de Asilo de Estados Unidos con El Salvador, Guatemala y Honduras, así como las expulsiones bajo título 42 por parte de las autoridades estadounidenses.
Por lo anterior, hacemos un llamado a que la respuesta de cada gobierno de la región frente a posibles caravanas del éxodo centroamericano, así como la cooperación que establezcan entre países, permita:
- Garantizar el derecho a solicitar la condición de refugiado en el país que las personas escojan comodestino seguro.
- Incluir diagnósticos de necesidades de protección para garantizar el principio de no devolución apersonas a un país donde su vida y libertades fundamentales estén en riesgo.
- Atender necesidades humanitarias siguiendo protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de la COVID-19 e incluir a la población migrante y quienes les atienden en las medidas preventivas y de atención a la salud en este contexto.
- Desplegar campañas informativas para que las personas conozcan sus derechos.
- Garantizar la no detención de personas solicitantes de la condición de refugiado, y cumplir la legislación mexicana que prohíbe la detención de niños, niñas y adolescentes no acompañados y acompañados.
- Asegurar que las respuestas Estatales involucren activamente en el diseño e implementación de cualquier medida a las autoridades competentes en materia de refugiados, salud, protección a derechos de la infancia y otras dependencias que en razón de sus facultades deben velar por el bienestar y los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad.
- Promover y garantizar la rendición de cuentas a agentes migratorios y otros elementos desplegados para acciones de control migratorio por delitos o violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de protección, así como por quienes defienden sus derechos.
- Retirar a las corporaciones militares de los operativos de control y verificación migratoria, incluyendo la Guardia Nacional en México, y asegurar que estos se realizan por autoridades civiles.
- Asegurar que cualquier persona con documentos válidos de haber solicitado asilo en Estados Unidos bajo el programa “Quédate en México”, puede viajar libremente y en condiciones de seguridad al puerto de entrada donde se deba presentar para dar seguimiento a su proceso migratorio.
Firman
Una lista completa de organizaciones de la sociedad civil, redes de la sociedad civil e individuales firmantes de este pronunciamiento está disponible en la versión publicada de este comunicado la cuál se puede descargar aquí (PDF).
Más información
Miriam González Sánchez
Instituto para las Mujeres en la Migración, AC
Cel. +52 55 3733.5819